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La muerte de una trabajadora social en Badajoz reaviva el debate sobre la inversión en el sector

Izquierda Unida, junto con Comisiones Obreras, llevará este asunto a pleno en la Diputación de Huelva, solicitando una reordenación del servicio y la absorción de los centros y trabajadores por parte de la administración competente, en este caso, la Junta de Andalucía.

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La reciente muerte de una trabajadora social en Badajoz, presuntamente a manos de tres menores, ha puesto en evidencia la falta de recursos en el sector de servicios sociales y la necesidad urgente de un cambio. Izquierda Unida, junto con Comisiones Obreras, llevará este asunto a pleno en la Diputación de Huelva, solicitando una reordenación del servicio y la absorción de los centros y trabajadores por parte de la administración competente, en este caso, la Junta de Andalucía.

El objetivo es garantizar un mayor número de profesionales atendiendo a los menores para poder ofrecer una atención educativa de calidad, como marca la normativa. Actualmente, la falta de inversión y la externalización de estos servicios impiden que los educadores y trabajadores sociales puedan desempeñar su labor de manera efectiva. La propuesta incluye una mayor dotación económica mientras se revierte la situación de externalización, para asegurar que los menores reciban la atención necesaria en condiciones adecuadas.

Las condiciones laborales en estos centros, muchos de ellos gestionados por empresas privadas, no son óptimas para prestar un servicio adecuado. La falta de cobertura de vacaciones y presupuestos insuficientes son algunas de las problemáticas que enfrentan los trabajadores. La muerte de Belén Cortés, una trabajadora social de 35 años, podría haberse evitado con mejores condiciones de seguridad y laborales en el piso tutelado de la Urbanización Guadiana donde ocurrió el crimen. Uno de los tres menores tutelados, de entre 14 y 17 años, es el presunto autor del asesinato, tras el cual huyeron en el coche de la víctima y fueron detenidos en Mérida. Izquierda Unida insiste en que estos recursos deben ser gestionados directamente por la Junta de Andalucía para garantizar una atención de calidad y evitar tragedias futuras.

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