Mesa de la Ría recurre la licencia de CirCular y pide frenar las obras

Mesa de la Ría de Huelva ha presentado una demanda contencioso-administrativa contra la licencia de obras otorgada a Atlantic Copper para su proyecto CirCular. La formación solicita que la autorización sea declarada nula y que se paralicen de forma cautelar las actuaciones pendientes. Según sostiene, el proyecto permitiría una nueva línea de tratamiento y fundición de hasta 60.000 toneladas anuales de residuos metálicos, con tres chimeneas de 25 y 75 metros, en contra de las determinaciones del PGOU.

La organización vincula su recurso a los acuerdos suscritos el 22 de marzo de 1991 para recuperar progresivamente la avenida Francisco Montenegro, modernizar las industrias existentes y trasladar preferentemente las nuevas industrias pesadas al Puerto Exterior. Estos compromisos, recuerda, fueron incorporados al artículo 414 del PGOU de 1999. La formación considera especialmente problemática la chimenea de 25 metros prevista en el polígono de Las Transversales, un área próxima al Ensanche Sur con restaurantes, instalaciones deportivas, centros de formación, comercios y empresas de servicios.

El recurso también alude a los niveles de arsénico registrados en la estación de La Rábida: 8,4 ng/m³ en 2023 y 6,5 ng/m³ en 2024, por encima del valor objetivo anual de 6 ng/m³, según los informes del Ministerio para la Transición Ecológica. Mesa de la Ría sostiene que estos datos se produjeron antes de la entrada en funcionamiento de CirCular y cuestiona los estudios ambientales y sanitarios del proyecto.

La formación afirma que denunció las presuntas irregularidades en septiembre de 2022 y que reiteró la revisión de oficio en marzo de 2024, además de presentar otra denuncia en mayo de ese año. Según su versión, el Ayuntamiento no ha resuelto expresamente esas solicitudes. Su portavoz, Rafael Gavilán, responsabiliza a la alcaldesa Pilar Miranda de mantener la situación sin resolver y asegura que la organización ha acudido a los tribunales para reclamar el cumplimiento del planeamiento urbanístico y de los acuerdos de recuperación de la ría.