Dos casos superan los 11 millones de euros en los ayuntamientos de Cartaya e Isla Cristina

El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, ha denunciado que los ayuntamientos de Cartaya e Isla Cristina tendrán que asumir más de 11 millones de euros derivados de sentencias y obligaciones relacionadas con decisiones de gobiernos del PSOE. González ha realizado estas declaraciones mientras reclamaba explicaciones a los socialistas sobre el destino de los fondos vinculados a ambos procedimientos.

En el caso de Cartaya, el dirigente popular ha señalado una operación aprobada en pleno en 2005, que contemplaba inicialmente un ingreso superior a 8,5 millones de euros para las arcas municipales. Según ha explicado, una sentencia firme obliga ahora al Ayuntamiento a devolver más de 2,5 millones, además de los intereses correspondientes. El Consistorio, gobernado actualmente por el PP, tendrá que afrontar pagos mensuales de alrededor de 30.000 euros.

González también se ha referido a una obligación cercana a cinco millones de euros por una compensación a cambio de la expropiación de un inmueble, prometida en 2008. De acuerdo con su relato, el Ayuntamiento acordó entonces abonar la operación mediante parcelas urbanizables en un plazo inferior a tres años, pero el procedimiento fue declarado ilegal. Ante la imposibilidad de entregar los terrenos comprometidos, la propiedad acudió a los tribunales.

El presidente provincial del PP ha atribuido ambas obligaciones a decisiones urbanísticas adoptadas durante gobiernos socialistas y ha advertido de que podrían aflorar nuevos casos mediante resoluciones judiciales. Las declaraciones no incluyen una respuesta del PSOE sobre las acusaciones ni sobre el destino de los fondos mencionados.